Las Cámaras de Comercio tienen su origen el 18 de abril de 1.886 cuando el gobierno firma el decreto fundacional de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

La ley por la que se instauran estas organizaciones viene precedida por una serie de reformas que en éstas décadas se vienen desarrollando, como son, entre otras, el nuevo Código de Comercio (1885), Ley de Asociaciones (1887), Ley de Procedimiento Administrativo (1889). La Ley Fundacional de las Cámaras toma como modelo organizativo el de las Cámaras de Comercio francesas.

Las Cámaras nacen desde un primer momento como instituciones que debían apartarse de cualquier actitud partidista y alejadas de la política, dedicadas "pura y exclusivamente a velar por los intereses locales y generales del comercio, la industria y la navegación".

Las líneas principales de trabajo de las Cámaras irían encaminadas hacia varios puntos como referencia de desarrollo:

• Serían una esfera de influencia que facilitasen las relaciones entre los grupos de comerciantes e industriales y el Estado.
• Podrían proponer al gobierno las reformas que en beneficio del comercio y la industria se pudieran hacer mediante leyes y disposiciones vigentes.
• También, al ser un órgano consultivo del Estado las Cámaras facilitarían al Gobierno los datos e informes que se solicitasen.
• Promocionarían las exposiciones mercantiles y el mercado exterior.
• Resolverían como jurado las cuestiones que entre los comerciantes, industriales y navieros les fueran sometidas a su decisión.
• Fomentarían la enseñanza mercantil e industrial, bien por medio de publicaciones o fundando y dirigiendo establecimientos de enseñanza.

El 29 de junio de 1911 se publica la Ley de Bases. Lo más destacable de esta ley es que se reconocen a las Cámaras como Corporaciones Públicas directamente dependientes del Ministerio de Fomento. Serán órganos consultivos de la Administración Pública debiendo ser oídos en general "sobre cuantos asuntos en relación con la vida del estado afecten a los intereses cuya representación les corresponde".

La ley otorgó a las Cámaras un amplio grado de autonomía, colocándolas por encima de las demás organizaciones empresariales no oficiales, también,en la medida de lo posible, les aporta unos recursos para garantizar su financiación mediante las cuotas al comercio y a la industria. A nivel del estado tendría que haber al menos una Cámara por provincia, con domicilio en la capital. Los electores de las Cámaras tendrían que tener la edad y capacidad fijadas en el Código. Para ser cargo elegible de una Cámara los requisitos eran el ser mayor de veinticinco años, saber leer y escribir y llevar al menos cinco años ejerciendo el comercio y la industria. Los cargos duraban seis años y se renovaban en su mitad cada tres años.

Estas instituciones funcionan prácticamente en todas las provincias de nuestro país y también en muchos lugares del extranjero, sobre todo en países de lengua española, donde las empresas y la economía nacional tienen importantes intereses.

Las Cámaras de Comercio actuales vinieron a sustituir a finales del siglo XIX a los gremios como forma de defender los intereses generales de las empresas locales, sobre todo de las pequeñas y medianas.